Tras la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de una resolución que establece como derecho humano esencial el acceso a fuentes seguras de agua potable y a sistemas de saneamiento, el siguiente paso es que cada gobierno que haya firmado esta declaración aporte los recursos necesarios para suministrar agua potable para toda la población independientemente de su capacidad económica. De lo que se trata, en definitiva, es de hacer realidad un reparto justo y equitativo de un bien básico para la vida como es el agua, algo que, en pleno siglo XXI, está lejos de cumplirse.
Uno de los factores que Ecologistas en Acción considera un fuerte impedimento para garantizar el acceso universal al agua es la privatización de su gestión. Las empresas o instituciones dedicadas al abastecimiento y saneamiento del agua deben tener como primer objetivo el cumplimiento de dos funciones, una social y otra ambiental. La primera es asegurar que este recurso llega a toda la población en cantidad y calidad suficientes para una vida digna con independencia de sus recursos económicos. La segunda es proteger la conservación de los ecosistemas acuáticos de los que toman el agua porque sólo así se puede asegurar el mantenimiento de una fuente segura de agua.
En el caso de las compañías privadas del agua su primer objetivo es el incremento del beneficio año tras año para los principales accionistas y su consejo de administración. Esto entra en contradicción con la función social y ambiental del agua, porque cualquier reinversión en este sentido iría en contra de la obtención de ingresos crecientes. La gestión pública, transparente y con participación social, donde la obtención del beneficio pasa a un segundo plano frente a la función social es necesaria para asegurar el derecho humano al agua.
En cambio, en el Estado español, cada vez más ciudades y municipios están privatizando su gestión del agua, en algunas localidades llevan muchos años con la gestión privada, como es el caso de Barcelona con Aguas de Barcelona, ahora filial de una multinacional francesa, en otras localidades se está acelerando o consolidando la privatización como una forma de obtención rápida de ingresos para sanear las deficitarias cuentas municipales, tal es el caso de León y Cáceres, pero también es el caso de Madrid. La privatización del 49% del Canal de Isabel II supone, además de someter al criterio del máximo beneficio la gestión de agua de millones de personas en la Comunidad de Madrid, la venta del enorme patrimonio construido por esta empresa pública desde su creación en el siglo XIX. Supone, entonces, la venta de bienes que son de todos los madrileños y madrileñas a una compañía privada para su beneficio.
Ecologistas en Acción reclama que las enormes deudas municipales, fruto de una gestión basada en la especulación urbanística y las grandes infraestructuras, no sean cobradas a costa del medio ambiente ni de un servicio básico para la población como es el agua. Más bien al contrario, este servicio debería ser cuidado y protegido como lo que es, un bien fundamental para la vida.
