domingo, 20 de febrero de 2011

Varias organizaciones ecologistas denuncian la destrucción del saladar de Borox en favor de un polígono industrial.


El trazado de la Autovía de la Sagra arrasará hábitats de interés comunitario burlando la legislación europea que los protege

Representantes de las organizaciones ARBA Bajo Jarama (Rubén de Pablo) , Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro, Ecologistas en Acción de La Sagra y de Toledo (Manuel García), junto a Juan M. Martínez, profesor de Botánica de la UPM, han comparecido en rueda de prensa con el objetivo de explicar a la población el enorme valor medioambiental del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Yesares del Valle del Tajo, integrado en la Red Natura 2000.
Este espacio protegido ha sufrido ya una intolerable agresión con la invasión, por parte del polígono industrial Jesús Menchero, del dominio público hidráulico (que inexplicablemente el POM de Borox asume) y, ahora, con la construcción de la autovía de La Sagra a su paso por Borox. A pesar de que la solución es tan simple como retranquear el polígono unos 100 metros, las autoridades municipales y autonómicas han optado por invadir el LIC y destruir las zonas inundables.
El saladar de Borox está situado en el arroyo de la Fuente de Seseña. Este pequeño curso de agua, forma un pequeño valle antes de desembocar en el río Tajo. El arroyo y varios de sus tributarios son de aguas salinas, y discurren por tierras de baja productividad agrícola. Debido a su composición, las aguas de este arroyo generan un ecosistema muy especial. Al desbordarse estacionalmente aportan a la llanura de aluvión una gran cantidad de sales, que se concentran después, al producirse la evaporación. Ese ir y venir de crecidas y evaporaciones, ha generado un paisaje único. Algo así como un estuario o una marisma costera, pero en mitad de la Meseta.
Las zonas más bajas, sometidas a inundaciones periódicas, durante largos periodos de tiempo, de aguas con alto contenido en sales, se encuentran ocupadas extensamente por especies de plantas especialistas anuales, entre las que destaca la salicornia (Salicornia ramosissima), Microcnemum coralloides (coralillo) y diferentes especies del género Suaeda, todas ellas conforman el hábitat 1310. Junto a estas formaciones, según nos alejamos del fondo de la cubeta, encontramos los pastizales y juncales salinos (Hábitat 1410) con la presencia de Juncus maritimus, Juncus acatus y Elymus curvifolius. Orlando los hábitats anteriores, nos encontramos con uno de los mejores almarjales del centro peninsular, probablemente el único que queda al norte del Tajo (Hábitat 1420), cuya especie característica es la Suaeda vera, no faltando hermosos orzagales (Atriplex halimux), Hábitat 1430. También encontramos algún rodal de Tamarix canariensis (Hábitat 92DO) y de sisallo (Salsola vermiculata) con ontina (Artemisia herbaalba), también incluidos en el Hábitat 1430. Especial atención merece el Hábitat prioritario 1510, bien representado por el albardín (Lygeum spartum) y el plumero de los yesos (Limonium dichotomun), así como el también Hábitat prioritario 1520.
Como puede observarse, son áreas muy importantes por el elevado número de endemismos de flora, fauna invertebrada, especialmente anfibios, y buen número de especies de aves.
Los arroyos salados, almarjales y saladares, son hábitats de conservación prioritaria para la Unión Europea. Por ese motivo, se nos han dado generosas subvenciones para conservar estos ambientes singulares, únicos. Y, sin embargo, el saqueo del territorio a manos de nuestros gestores públicos, afecta incluso a estos lugares teóricamente intocables. Vivimos en un país en el que no se respeta nada, y el caso del almarjal de Borox es un ejemplo perfecto. Ya desde el propio almarjal podemos observar como se han realizado rellenos con tierras, para construir calles con farolas del polígono.

Con el fin de paralizar la destrucción de este singular patrimonio natural los ecologistas han recurrido al defensor del pueblo y a instancias europeas, confiando en que los tribunales europeos obliguen a los responsables autonómicos al escrupuloso cumplimiento de la legislación ambiental que obliga a todos los estados miembros. Sería lamentable (han destacado) que el saladar se destruyera y, después, las organizaciones ecologistas (como ha ocurrido con la M-501 en Madrid) ganaran en los tribunales las denuncias presentadas.


VIDEO EXPLICATIVO DEL VALOR DEL SALADAR DE BOROX:


El Tribunal Supremo reconoce que el desdoblamiento de la carretera de los pantanos es ilegal, de acuerdo con la denuncia de Ecologistas en Acción.



Ecologistas en Acción denunciará por prevaricación a Cospedal, Aguirre, Granados y Rodríguez

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Ecologistas en Acción al confirmar la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Comunidad de Madrid que dio luz verde a las obras de duplicación de la M-501, la conocida como carretera de los pantanos, por la falta de declaración de impacto ambiental y la omisión del trámite de consulta previa a la Comisión Europea. La sentencia ha sido notificada este viernes y desestima el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Esperanza Aguirre, anulando cualquier otra posibilidad de recurrir. La sentencia obliga a que la zona denunciada sea reconvertida para volver a su situación anterior. Ecologistas en Acción ya ha anunciado que denunciará por “prevaricación” a María Dolores de Cospedal, que fue la consejera de Transporte que dio el visto bueno a la ilegalidad, a Francisco Granados y a Elvira Rodríguez (que también ocuparon ese cargo) y a Esperanza Aguirre.

El fallo de la sentencia recurrida ordenó reponer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictados con, en su caso, restitución a su estado de la zona afectada por el proyecto. En concreto, el acuerdo que dio luz verde al desdoblamiento se ratificó el 21 de julio de 2005, declarando el interés general del proyecto por razones imperiosas de seguridad vial.

Sin aprobación europea

La resolución confirma que la sentencia recurrida hizo “una interpretación adecuada” del artículo 6.4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, en que se fijan medidas para garantizar la biodiversidad a través de la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Así, recuerda que la sentencia sostenía que la Comunidad de Madrid omitió, en el procedimiento de aprobación del proyecto de 'Duplicación de calzada de la carretera M-501. Tramo M-522 a Navas del Rey', un trámite sustancial consistente en realizar una consulta previa a la Comisión Europea sobre la idoneidad de realizar el referido proyecto desde la perspectiva medioambiental.

Elevado valor ecológico

De este modo, los magistrados del Supremo respaldan que esta medida era preceptiva en este supuesto, en "la medida que afectaba a un lugar significado por su elevado valor ecológico, integrado por hábitats naturales y clasificado de Zona de Especial Protección de las Aves, donde habitan especies prioritarias como el águila imperial". "No era posible que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobase el proyecto sin su sometimiento a la previa consulta de la Comisión Europea, en cumplimiento del referido artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres", reza la sentencia.

Denuncias por doquier

Así las cosas, Ecologistas en Acción ha anunciado que la próxima semana emprenderá acciones legales por un presunto delito de prevaricación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y varios de sus consejeros de Transportes responsables del desdoblamiento de la M-501 Francisco Granados, Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez. Fuentes de la organización citadas por Europa Press afirman que la Comunidad de Madrid podría haber prevaricado "por haber aprobado actuaciones ilegales a sabiendas de ello".

“Nos faltan 10.000 grandes encinas”

El portavoz de Ecologistas, Santiago Martín, ha lamentado este viernes la "lentitud" de la Justicia a la hora de pronunciarse sobre este fallo y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pidiera a los ecologistas medio millón de euros para autorizar la paralización cautelar del proyecto cuando aún no se había ejecutado, una "discriminación", a su juicio. "Nos faltan 10.000 grandes encinas... Hemos ganado en los tribunales pero hemos perdido en el medio ambiente", ha señalado el portavoz, considerando que si se hubiera paralizado la obra o si el TSJM se hubiera pronunciado antes se hubiera conseguido "evitar un desaguisado".

La seguridad vial no vale como argumento

"La sentencia insiste que la seguridad vial no está dentro de lo que se considera de interés público. La Comunidad de Madrid intentó manipular y hacer pasar como interés público la seguridad vial", ha explicado María Ángeles Nieto, portavoz ecologista, que ha aplaudido que la resolución "desmonte este argumento". "Es importantísimo, porque es el argumento que están utilizando para proyectos similares, y es el argumento que van a utilizar para desdoblar el otro tramo", ha añadido Martín. "A Esperanza Aguirre y al Consejo de Gobierno les ha importado un bledo la seguridad vial de esta carretera y de las otras", ha señalado Martín.