El Tribunal Supremo reconoce que el desdoblamiento de la carretera de los pantanos es ilegal, de acuerdo con la denuncia de Ecologistas en Acción.

Ecologistas en Acción denunciará por prevaricación a Cospedal, Aguirre, Granados y Rodríguez

El Tribunal Supremo ha dado la razón a Ecologistas en Acción al confirmar la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Comunidad de Madrid que dio luz verde a las obras de duplicación de la M-501, la conocida como carretera de los pantanos, por la falta de declaración de impacto ambiental y la omisión del trámite de consulta previa a la Comisión Europea. La sentencia ha sido notificada este viernes y desestima el recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Esperanza Aguirre, anulando cualquier otra posibilidad de recurrir. La sentencia obliga a que la zona denunciada sea reconvertida para volver a su situación anterior. Ecologistas en Acción ya ha anunciado que denunciará por “prevaricación” a María Dolores de Cospedal, que fue la consejera de Transporte que dio el visto bueno a la ilegalidad, a Francisco Granados y a Elvira Rodríguez (que también ocuparon ese cargo) y a Esperanza Aguirre.

El fallo de la sentencia recurrida ordenó reponer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictados con, en su caso, restitución a su estado de la zona afectada por el proyecto. En concreto, el acuerdo que dio luz verde al desdoblamiento se ratificó el 21 de julio de 2005, declarando el interés general del proyecto por razones imperiosas de seguridad vial.

Sin aprobación europea

La resolución confirma que la sentencia recurrida hizo “una interpretación adecuada” del artículo 6.4 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, en que se fijan medidas para garantizar la biodiversidad a través de la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Así, recuerda que la sentencia sostenía que la Comunidad de Madrid omitió, en el procedimiento de aprobación del proyecto de 'Duplicación de calzada de la carretera M-501. Tramo M-522 a Navas del Rey', un trámite sustancial consistente en realizar una consulta previa a la Comisión Europea sobre la idoneidad de realizar el referido proyecto desde la perspectiva medioambiental.

Elevado valor ecológico

De este modo, los magistrados del Supremo respaldan que esta medida era preceptiva en este supuesto, en "la medida que afectaba a un lugar significado por su elevado valor ecológico, integrado por hábitats naturales y clasificado de Zona de Especial Protección de las Aves, donde habitan especies prioritarias como el águila imperial". "No era posible que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobase el proyecto sin su sometimiento a la previa consulta de la Comisión Europea, en cumplimiento del referido artículo 6.4 de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres", reza la sentencia.

Denuncias por doquier

Así las cosas, Ecologistas en Acción ha anunciado que la próxima semana emprenderá acciones legales por un presunto delito de prevaricación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y varios de sus consejeros de Transportes responsables del desdoblamiento de la M-501 Francisco Granados, Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez. Fuentes de la organización citadas por Europa Press afirman que la Comunidad de Madrid podría haber prevaricado "por haber aprobado actuaciones ilegales a sabiendas de ello".

“Nos faltan 10.000 grandes encinas”

El portavoz de Ecologistas, Santiago Martín, ha lamentado este viernes la "lentitud" de la Justicia a la hora de pronunciarse sobre este fallo y el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pidiera a los ecologistas medio millón de euros para autorizar la paralización cautelar del proyecto cuando aún no se había ejecutado, una "discriminación", a su juicio. "Nos faltan 10.000 grandes encinas... Hemos ganado en los tribunales pero hemos perdido en el medio ambiente", ha señalado el portavoz, considerando que si se hubiera paralizado la obra o si el TSJM se hubiera pronunciado antes se hubiera conseguido "evitar un desaguisado".

La seguridad vial no vale como argumento

"La sentencia insiste que la seguridad vial no está dentro de lo que se considera de interés público. La Comunidad de Madrid intentó manipular y hacer pasar como interés público la seguridad vial", ha explicado María Ángeles Nieto, portavoz ecologista, que ha aplaudido que la resolución "desmonte este argumento". "Es importantísimo, porque es el argumento que están utilizando para proyectos similares, y es el argumento que van a utilizar para desdoblar el otro tramo", ha añadido Martín. "A Esperanza Aguirre y al Consejo de Gobierno les ha importado un bledo la seguridad vial de esta carretera y de las otras", ha señalado Martín.