El trazado de la Autovía de la Sagra arrasará hábitats de interés comunitario burlando la legislación europea que los protege
El Gobierno de Castilla-La Mancha viene desarrollando en los últimos años la llamada Autovía de la Sagra. Durante la ejecución de las obras de su tramo II se comprobó que éstas interferían con la proyectada ampliación del polígono industrial Jesús Menchero, en la localidad toledana de Borox. El promotor del proyecto, la Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Obras Públicas de Castilla-La Mancha planteó, en consecuencia, alternativas al trazado original.
La solución finalmente elegida para esquivar el polígono entre los puntos kilométricos 11,0 y 15,0 representa una intolerable agresión al Lugar de Interés Comunitario Yesares del Valle del Tajo, que forma parte de la Red Natura 2000, una red de espacios naturales europeos cuyo objetivo es conservar hábitats y especies de fauna y flora.
El LIC que la Junta pretender agredir configura un entorno que engloba los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca sedimentaria central del Tajo. Además de su enorme interés ecológico y científico, por la concentración de endemismos de flora y fauna invertebrada, el LIC destaca por la presencia de gran número de hábitats de interés comunitario, alguno de los cuales es considerado de prioritaria conservación por disposiciones europeas como la Directiva Hábitats.
La solución finalmente elegida para esquivar el polígono entre los puntos kilométricos 11,0 y 15,0 representa una intolerable agresión al Lugar de Interés Comunitario Yesares del Valle del Tajo, que forma parte de la Red Natura 2000, una red de espacios naturales europeos cuyo objetivo es conservar hábitats y especies de fauna y flora.
El LIC que la Junta pretender agredir configura un entorno que engloba los matorrales gipsófilos mejor conservados de la cuenca sedimentaria central del Tajo. Además de su enorme interés ecológico y científico, por la concentración de endemismos de flora y fauna invertebrada, el LIC destaca por la presencia de gran número de hábitats de interés comunitario, alguno de los cuales es considerado de prioritaria conservación por disposiciones europeas como la Directiva Hábitats.
Los ecologistas consideran muy grave este sistemático incumplimiento de la legislación ambiental que protagonizan las diferentes administraciones, una situación que ha motivado que el Estado español haya sido objeto de continuas advertencias por parte de Europa por su permisividad ante las reiteradas agresiones a la integridad de la Red Natura 2000.
La destrucción del patrimonio natural que la Administración regional promueve con esta infraestructura tiene lugar, irónicamente, el mismo año consagrado por Naciones Unidas a detener la pérdida de Biodiversidad. La decisión favorable de la Dirección General de Evaluación Ambiental, a través de su máximo responsable Carlos José Blázquez Orodea, es la peor noticia posible para la conservación en la región de estos valiosos hábitats y los endemismos que acogen, algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción.
La Junta de Castilla-La Mancha apuesta así, por un modelo claramente insostenible que desvía ingentes recursos económicos y que tiene por objeto impulsar ilimitadamente el transporte privado aumentando, por consiguiente, las emisiones de CO2 a la atmósfera.
No podemos seguir manteniendo un modelo económico que funcione a costa de destruir sin cesar el patrimonio natural. Es necesario un cambio de paradigma ya, algo que a pesar de la crisis del ladrillo, no parecen entender nuestros políticos, que se empeñan en seguir con un modelo insostenible que destruye el territorio, la biodiversidad y tampoco crea empleo estable. Un modelo basado en un crecimiento en infraestructuras y ladrillo injustificado y que lo único que va a hacer a medio y largo plazo es acentuar esta larga crisis económica.
Con el fin de paralizar la destrucción de este singular patrimonio natural los ecologistas anuncian que recurrirán a instancias europeas, al tiempo que confían en que los tribunales europeos obliguen a los responsables autonómicos al escrupuloso cumplimiento de la legislación ambiental que obliga a todos los estados miembros.
La destrucción del patrimonio natural que la Administración regional promueve con esta infraestructura tiene lugar, irónicamente, el mismo año consagrado por Naciones Unidas a detener la pérdida de Biodiversidad. La decisión favorable de la Dirección General de Evaluación Ambiental, a través de su máximo responsable Carlos José Blázquez Orodea, es la peor noticia posible para la conservación en la región de estos valiosos hábitats y los endemismos que acogen, algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción.
La Junta de Castilla-La Mancha apuesta así, por un modelo claramente insostenible que desvía ingentes recursos económicos y que tiene por objeto impulsar ilimitadamente el transporte privado aumentando, por consiguiente, las emisiones de CO2 a la atmósfera.
No podemos seguir manteniendo un modelo económico que funcione a costa de destruir sin cesar el patrimonio natural. Es necesario un cambio de paradigma ya, algo que a pesar de la crisis del ladrillo, no parecen entender nuestros políticos, que se empeñan en seguir con un modelo insostenible que destruye el territorio, la biodiversidad y tampoco crea empleo estable. Un modelo basado en un crecimiento en infraestructuras y ladrillo injustificado y que lo único que va a hacer a medio y largo plazo es acentuar esta larga crisis económica.
Con el fin de paralizar la destrucción de este singular patrimonio natural los ecologistas anuncian que recurrirán a instancias europeas, al tiempo que confían en que los tribunales europeos obliguen a los responsables autonómicos al escrupuloso cumplimiento de la legislación ambiental que obliga a todos los estados miembros.
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